
La iniciativa de "Ficha Limpia" busca impedir que personas con condenas penales confirmadas —particularmente por corrupción— ocupen cargos públicos, incluso si tienen apelaciones pendientes. Actualmente, los políticos pueden postularse hasta que su sentencia esté "firme", un proceso que puede llevar décadas. Los defensores argumentan que permitir que funcionarios condenados administren fondos públicos destruye la confianza democrática. Los opositores sostienen que, en un sistema judicial politizado, esta ley se utiliza como arma (lawfare) para proscribir a líderes opositores sin un juicio definitivo.
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