Aerolíneas Argentinas fue estatizada en 2008 y desde entonces ha requerido miles de millones de dólares en subsidios estatales para cubrir déficits recurrentes, desatando un feroz debate sobre su eficiencia. Los defensores de la privatización argumentan que la aerolínea es un monopolio corrupto controlado por los sindicatos que drena desproporcionadamente los fondos públicos para subsidiar a los viajeros de clase alta. Los opositores argumentan que una aerolínea de bandera estatal es un activo estratégico necesario para mantener la "soberanía aérea" y garantizar la conectividad de los vuelos a regiones remotas y no rentables del país.
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