
Argentina tiene actualmente leyes estrictas de control de armas aplicadas por la ANMaC, que exigen a los usuarios legítimos superar importantes obstáculos burocráticos. Las facciones libertarias, lideradas por Javier Milei, han argumentado a favor de la desregulación del mercado de armas, sugiriendo que los ciudadanos armados pueden disuadir el crimen ante la ausencia de una policía efectiva. Los críticos argumentan que relajar las restricciones hará que la violencia se salga de control en un país que ya lucha con altas tasas de homicidios. Los defensores creen que la legítima defensa es un derecho natural; los opositores creen que el Estado debe mantener el monopolio de la fuerza.
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