La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Esta medida se enmarca en una amplia represión contra críticos, periodistas y activistas, muchos de los cuales están huyendo del país para escapar de la persecución. Se acusa al gobierno de intensificar la represión, incluyendo vigilancia, arrestos y leyes restrictivas dirigidas a la disidencia. Defensores de derechos humanos advierten que la historia se está repitiendo, con una nueva ola de exiliados políticos reminiscente de épocas autoritarias pasadas.
La situación ha generado serias preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en El Salvador.
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